Diciembre 2023

Resumen ejecutivo

Estudio completo (inglés)

El informe analiza los costes de almacenamiento y destrucción de las mercancías incautadas que se llevan a cabo en el marco de dos procedimientos: el procedimiento aduanero basado en el Reglamento (CE) n.º 608/2013 de la Unión Europea y los procedimientos llevados a cabo por las autoridades policiales, de acuerdo con sus legislaciones nacionales.

El informe estima que el coste total de la destrucción cobrado a los titulares de derechos por las autoridades aduaneras durante el período de cuatro años asciende a 1,85 millones EUR.

El presente informe examina un aspecto de estos perjuicios económicos, tales como los costes del almacenamiento y la destrucción de los productos falsificados detenidos por las autoridades, los cuales son sufragados, en su mayor parte, por los titulares de derechos.

CONCLUSIONES

Los datos disponibles solo permiten una estimación parcial de los costes en los que se incurre por el almacenamiento y la destrucción a nivel de la UE, es decir, por el almacenamiento y la destrucción de tres categorías de productos incautados por la aduana de conformidad con el Reglamento 608/2013.

Este informe muestra que los costes estimados que se pagan por el almacenamiento y la destrucción por los titulares de derechos para las tres categorías de productos (perfumes y cosméticos, ropa y calzado deportivo) examinadas entre 2018 y 2021 ascendieron a 1,85 millones de euros.

Además, el ejemplo proporcionado por un titular de derechos en España de productos incautados y almacenados en espera de sentencia según las leyes penales nacionales mostró que los costos soportados por los titulares de derechos pueden ascender a varios miles de euros durante varios años (nueve años en este caso). Sin embargo, en la mayoría de los Estados miembros, los titulares de derechos no pagan los costes relacionados con las incautaciones que hace la policía dentro del territorio nacional. Este ejemplo no tiene valor estadístico, sino que simplemente ilustra un posible caso.

Estas cifras deben considerarse en conjunto con las limitaciones del informe. Debido a la falta de datos disponibles o viables, algunos costes quedaron fuera del alcance del estudio, en particular los costes pagados a varios proveedores de servicios privados, como los que se describen a continuación:

- La empresa que realiza la destrucción suele exigir un cobro mínimo, correspondiente a una tonelada de falsificaciones. Es probable que los titulares de derechos no alcancen el volumen necesario para una destrucción rentable. Esto a veces se soluciona recogiendo las falsificaciones de varios titulares de derechos hasta que alcanzan un nivel crítico y luego, junto con los titulares de derechos, organizando el transporte y la destrucción de las mercancías. Si bien esta podría ser una solución preferible en algunos casos, también puede generar mayores costes de almacenamiento.

- No se incluyen en este estudio los costes de peritaje en relación con las mercancías retenidas para autentificarlas o confirmar si son falsas. Tal como prevé el Reglamento 608/2013, la aduana notifica la retención de las mercancías al titular del derecho, quien debe confirmar el carácter falso de las mercancías o no. En muchos casos, es necesario inspeccionar físicamente las mercancías. Esta inspección suele ser realizada por empresas o abogados especializados en observancia, lo que genera gastos adicionales para los titulares de derechos.

- Los costes de transporte desde las dependencias aduaneras o policiales hasta el lugar de almacenamiento y/o destrucción no están incluidos en el presente estudio. Este transporte debe ser supervisado y sólo puede organizarse según las instrucciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, por lo que requiere coordinación y, a menudo, un cierto volumen mínimo. Para realizar esta tarea se pueden contratar empresas privadas especializadas, con costos adicionales.

Además de los costes, se destacan las siguientes consideraciones:

- El almacenamiento y la destrucción se tratan de forma diferente según los procedimientos aduaneros y los procedimientos penales o civiles, que, además, no están armonizados a nivel de la UE. Esta situación aumenta los desafíos y los cestos para los titulares de derechos. Según los titulares de derechos entrevistados, contratar los servicios de abogados especializados se vuelve casi obligatorio para poder hacer valer sus derechos de propiedad intelectual de manera eficiente.

- Según algunos titulares de derechos, la información sobre las ofertas de los proveedores que trabajan con las aduanas no siempre está disponible públicamente y no es transparente.

- Las normas aplicables al transporte de mercancías falsificadas incautadas dentro de la UE para su almacenamiento y/o destrucción pueden, en algunos casos, impedir la optimización de recursos y costes. La destrucción de mercancías incautadas a escala de la UE, no sólo a nivel nacional como se hace hoy, podría tener un impacto medioambiental positivo.

- Con más de 53 millones de productos falsificados incautados en 2021 en el mercado interior, principalmente por la policía, los agentes de policía de algunos estados miembros comparten la preocupación de que deben asumir una responsabilidad que creen desproporcionada por los costes de almacenamiento y destrucción.

- Varios titulares de derechos explicaron que los costes totales, tanto los derechos oficiales como los costes adicionales mencionados anteriormente, junto con el proceso de almacenamiento y destrucción, pueden impedirles hacer valer sus derechos, incluidos los trámites aduaneros en el momento de la importación. No se debe introducir en la UE ningún producto que infrinja un DPI. Lo que está en juego es aún mayor para algunos tipos de productos que suponen un riesgo para la salud y la seguridad.

Si bien los costes de almacenamiento y destrucción como tales parecen ser limitados, todo el proceso, incluidos otros costes y la falta de armonización de los procedimientos entre los Estados miembros, plantea desafíos tanto para los encargados de su aplicación como para los titulares de derechos. Claramente aumenta los costos de hacer cumplir los DPI dentro de la UE.

El informe destaca algunos de los retos a los que se enfrentan todos los implicados en relación con el almacenamiento y la destrucción de productos falsificados:

- la escasez de espacio para el almacenamiento de efectos falsificados

- la variabilidad de los precios de almacenamiento

Por último, la destrucción de productos debe llevarse a cabo en consonancia con un enfoque global de la gestión de residuos, que puede plantear retos en cuanto a los costes y los procesos específicamente aplicables a los productos falsificados. La destrucción de algunos tipos de productos, como medicamentos, cosméticos, encendedores, plaguicidas y maquinaria utilizada para producir artículos falsificados puede resultar especialmente difícil, tanto para las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa como para los titulares de derechos.